El Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos, también conocido como D&O (abreviatura en inglés de Directors and Officers), es de muy reciente suscripción en nuestro país, al contrario que en los países anglosajones en los que desde hace tiempo es un seguro imprescindible.

En la Ley de Sociedades Anónimas aparece regulada la responsabilidad de los Administradores y Directivos, reconociendo legitimación para reclamar responsabilidades de los Administradores a Socios, Acreedores, etc. Así se hace mayor la responsabilidad de éstos, ya que responderán por los daños causados por: “actos contrarios a la Ley, a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar su cargo”; por deudas sociales, y se establece el carácter solidario de esta responsabilidad por culpa, invirtiéndose la carga de la prueba.

Los siguientes cambios legislativos en España (la Ley de Sociedades de Capital, la Ley Orgánica 5/2010 y la Reforma de Código Penal), hacen que aumenten las responsabilidades de los Administradores y que cobren mayor relevancia las pólizas de D&O como una protección frente a su patrimonio.

Estas pólizas tienen por objeto cubrir la responsabilidad de los Consejeros, Administradores o Directivos frente a los daños y perjuicios económicos causados en el ejercicio de sus funciones, por incumplimientos de obligaciones legales, reglamentarias o estatutarias, o por las faltas de gestión cometidas por imprudencia, negligencia, error u omisión; tanto a Accionistas (pérdida de valor de la acción o de los activos de la sociedad) como a terceros afectados por su mala gestión.

Quien suscribe la póliza es la Sociedad, que tendría la condición de Tomador de Seguro y sus Administradores y Directivos pasarían a ser los Asegurados y, por lo tanto, los beneficiarios de las coberturas. Además del pago de las indemnizaciones por las que sean condenados por la Responsabilidad Civil directa de la actuación del Administrador, tiene otros dos pilares: los Gastos de Defensa en cualquier procedimiento (incluye honorarios de abogados, procuradores, costas, etc. tanto en vía civil como penal) y la constitución de Fianzas que pudieran serle exigidas a los Asegurados. Otras coberturas adicionales que cobran cada vez más importancia son la Responsabilidad Tributaria, Multas o Sanciones administrativas (asegurables) Prácticas Laborales.

El Administrador, en el ejercicio de su cargo, está expuesto a multitud de responsabilidades y toma de decisiones cuya gestión negligente puede dar lugar a reclamaciones. La contratación de este tipo de pólizas es más que recomendable, sobre todo a raíz de la crisis generada por el Covid-19 en la que ha incrementado de forma exponencial el riesgo de incurrir en un acto negligente por parte de cualquier Administrador en cualquier tejido empresarial. Y es que las normas se modifican y amplían con la rapidez y la urgencia que implica afrontar esta crisis económica y social.

Ejemplo de ello son el Real Decreto-Ley 8/2020 y el Real Decreto-Ley 11/2020 en las que se realizan modificaciones en el ordenamiento en materia de moratoria y aplazamientos. Estas normas introducen diferentes posibilidades y en las que cualquier error en la toma de decisiones es susceptible de generar una responsabilidad. Por ejemplo:

• Procedimientos concursales, reclamación de deudas, en lo mercantil
• ERTES, despidos, cotizaciones sociales, en lo laboral
• Aplazamientos de pagos de préstamos impuestos, en lo fiscal y tributario
• Pago de hipotecas en lo civil

A raíz de esta pandemia son incesantes todas estas normas y criterios. Por ello en este momento es importante que quienes tomen decisiones en una empresa tengan claro la importancia de tener un seguro de esta índole que les pueda proteger en el ejercicio de sus funciones.