En más de una ocasión me he referido, en esta sección de la revista APROIN, a la deficiente – cuando no existente – gestión preventiva en las empresas de nuestro sector como factor causal de los accidentes laborales que el mismo se producen. Asunto al que vuelvo con ocasión de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) en su página Web.
Según datos facilitados por el Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo – perteneciente al INSST -, el sector de la construcción sigue a la cabeza en cuanto a número de accidentes laborales en jornada de trabajo (ATJT) que conllevan baja médica, tal y como se muestra en la tabla que se inserta a continuación.
Por otra parte, la Encuesta Anual Laboral (EAL) 2022, realizada por el mismo INSST, aporta una serie de referencias según las cuales, nuestro sector – el de mayor siniestralidad – es el segundo, por detrás del Industrial, que cuenta con menos Delegados en prevención de riesgos laborales. Concretamente, según dicha encuesta, un 67,00% de las empresas con un número de trabajadores comprendido entre 5 y 49, no dispone de tal figura (Datos referidos al año 2022).
En cuanto a la modalidad preventiva por la que optan las empresas constructoras – con un número de trabajadores comprendido entre 5 y 25 – para asumir parte o la totalidad de la actividad preventiva, es la de la externalización del Servicio de Prevención (SPA), a la cual recurren un 90,40% de las empresas (con independencia de su tamaño). De estas, en un 68,30%, el SPA aparece como el único recurso, mientras que, la figura de persona trabajadora designada se da en el 16,60 % de las empresas encuestadas.
Es decir, formalmente al menos, se cumplen los mínimos establecidos legalmente para poder operar en el sector, pero si analizamos otra reciente publicación del INSST, titulada: ANÁLISIS DE MORTALIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO EN ESPAÑA 2020-2022, veremos que los accidentes en obras de construcción – con independencia del tamaño de las empresas encuestadas – se deben a causas que, sin constituir un incumplimiento de la normativa correspondiente, están en el germen de los mismos, tal y como podemos ver a continuación:
- Método de trabajo inadecuado: 20,80%, siendo esta la segunda causa por detrás de la ausencia/deficiencia de protecciones colectivas frente a caídas de personas.
- Procedimientos inexistentes, insuficientes o deficientes para la coordinación de actividades realizadas por varias empresas: 10,70%.
- Inexistencia o insuficiencia de un procedimiento que regule la realización de las actividades dirigidas a la identificación y evaluación de riesgos: 10,10%.
- Inexistencia o deficiencia de un procedimiento que regule la planificación de la implantación de las medidas preventivas propuestas, incluidas las referidas al plan de seguridad: 9,5%.
- Método de trabajo inexistente: 8,30%.
En cuanto a las causas, analizadas por bloques causales según el tamaño de empresas – independientemente del sector al que pertenezcan estas-, la gestión de la prevención supone un 30,40% de los accidentes en micro-empresas. Mientras que en grandes empresas el porcentaje es de un 22,40%. Es decir, lógicamente, a mayor tamaño de empresa, mayor capacidad de gestión de la misma.
Así pues, la deficiente organización del trabajo; la falta de procedimientos y los inapropiados métodos de trabajo, junto con la inadecuada gestión de la prevención, están detrás de un buen número de los accidentes laborales en las obras de construcción, siendo las microempresas y las pequeñas empresas las que presentan peores resultados en esta relación causa/efecto.
Lo anterior nos debería llevar a poner el foco en una cuestión – la gestión de la prevención – que solamente compete a las empresas pero que: dado el tamaño de estas (micros; pequeñas y medianas); el sistema productivo del sector – en el que la subcontratación es lo habitual – y la presencia de trabajadores autónomos, que resulta ser cada vez mayor, podríamos asegurar que resulta casi utópico que tal gestión se pueda llevar a cabo con éxito.
Para corregir la situación descrita hasta aquí, considero que ha llegado el momento en el que debería revisarse la legislación en esta materia, de tal modo que se contemplase, además del sistema productivo propio del sector, la evidente desigualdad entre empresas que operan en el mismo – y en la misma obra -. Puesto que con tan solo acreditar que se cumplen los requisitos mínimos exigidos para su inscripción en el REA, es evidente que no es suficiente.
Mientras esto no suceda, convendría que los planes de seguridad y salud abandonasen su actual formato y contenido, eliminando esos listados interminables de riesgos propios de cada oficio, y la prevención de los mismos, recogida en una relación de instrucciones – igual de interminable -, puesto que el objeto de un plan de seguridad y salud no es el de instruir o formar a los trabajadores sino que es el de ayudar a la toma de decisiones de cara a la ejecución de las diferentes actividades en obra y cual ha de ser el control de las mismas.
