Los seis primeros meses del año 2019 dejaron un balance de ocho muertos cada cinco días, a causa de un accidente laboral; hasta sumar un total de 292 siniestros mortales en toda España. Así lo constatan los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo y publicados recientemente en distintos medios de comunicación, los cuales evidencian un continuado descenso de la siniestralidad, excepto en el sector de la construcción en el que se constata un aumento significativo de la mortalidad a causa de accidentes laborales.

De todos modos, en el conjunto de los sectores sí que se ha producido un incremento de los accidentes clasificados como leves, pero que son motivo de baja, durante este mismo período.

La construcción, como actividad económica productiva, se consolida pues, en los datos de julio, como la excepción dentro de la tendencia general a la baja. Pese a que las cifras de actividad registradas en este período no igualan a las previas a la crisis, la siniestralidad laboral va en aumento.

Los seis primeros meses arrojaron una cifra total de 52 fallecidos, nueve más que el año pasado en el mismo semestre o, lo que es lo mismo, un 20,9% de incremento.

El índice de incidencia también se muestra al alza con una subida del 0,7, registrado en el primer semestre del 2018, al 0,8 correspondiente al del año en curso.

Las causas de estas cifras de accidentes, en el sector de la construcción, considero que están suficientemente analizadas y diagnosticadas, pero no se vislumbra en el horizonte, solución alguna que mejore los datos referidos más arriba.

Como ya se ha dicho infinidad de veces en este espacio de la revista, el de la construcción, es un sector muy mal estructurado, quizás sería más correcto decir que se trata de un sector desestructurado, en el que conviven bajo un mismo paraguas normativo, en aparente igualdad de condiciones:

• Un pequeño grupo de empresas a las que su potencial económico les permite, además de cumplir la legislación en la materia, el tener integrada la seguridad y salud de los trabajadores en su gestión empresarial.
• Un número mayor de empresas que, con más voluntad que acierto, procuran hacer prevención.
• Un gran número de organizaciones indebidamente – aunque legalmente - consideradas empresas constructoras y para las cuales cualquier asunto relacionado con la seguridad se considera algo accesorio.
• Y, por último, además de los falsos autónomos, nos encontramos con los trabajadores autónomos en distintas combinaciones: solos, asociados y/o con empleados, para los que resulta sencillamente inalcanzable hacer prevención porque, entre otras cosas, no se acaba de entender que, con independencia de las leyes, la seguridad y la salud es una obligación de toda persona para consigo misma.

Echando un simple vistazo a esta calificación “de urgencia”, resulta utópico pensar en el cumplimiento efectivo del RD. 1627/1997 y demás decretos, normas, instrucciones y reglamentos que tienen por objeto evitar que se produzcan accidentes en las obras de construcción, así como en la solución del problema, solamente, por métodos coercitivos.

Eso, sí, ya que no conseguimos cambiar el panorama, trabajemos, al menos, para evitar que nos sancionen económica y/o penalmente, no en vano, con ello contribuiremos a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores.