La Comisión Europea, a principios de 2017, ha presentado la "COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Trabajo más seguro y saludable para todos - Modernización de la legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo."

Dicha Comunicación arranca de la constatación, por parte de dicha Comisión, de que la legislación europea es, en general, eficaz y adecuada a los objetivos que se persiguen. Pero también señala, textualmente, que “determinadas disposiciones específicas de algunas Directivas han quedado anticuadas u obsoletas” e igualmente la “necesidad de buscar métodos eficaces para hacer frente a los nuevos riesgos”.

El plan de acción presentado por la Comisión se centra en tres líneas de actuación:

• Las enfermedades profesionales debidas al manejo de nuevos, y viejos, materiales.
• Las ayudas a las pymes y micro-empresas a cumplir con sus obligaciones en la materia.
• La actualización de las Directivas que se hayan quedado obsoletas.

Centrándonos en la segunda de las líneas, la comunicación concluye en algo tan evidente como que “el cumplimiento de las Directivas de salud y seguridad en el trabajo es más difícil para las pymes que para las empresas grandes, como también tienen las pymes mayores tasas de accidentes mortales o importantes. Por consiguiente, se necesitan medidas de apoyo específicas para ayudar a las pymes a mejorar el cumplimiento de manera eficiente y eficaz.” Y esto es así, no porque las pymes y microempresas se nieguen a cumplir las normas es que, sencillamente carecen de capacidad para ello en aspectos tales como: financieros, técnicos, humanos, de sensibilización y conocimientos. Algo en lo que por mucha ayuda de que dispongan nunca se podrán equiparar a las empresas grandes, sin que estas, por el hecho de serlo, alcancen siempre el grado de excelencia en la materia.

En cuanto a la obsolescencia de las normas “El programa trabajará en pos de una normativa más clara, coherente y adecuada, simplificando y reduciendo siempre que sea posible la carga administrativa de las empresas y los organismos de control, pero siempre manteniendo o mejorando la protección de los trabajadores.”

Otra de las propuestas es la revisión por parte de los estados miembros de la situación de los trabajadores autónomos, cuyo número va claramente en aumento en todos los sectores, los cuales se encuentran completamente al margen, o casi, de la legislación de seguridad y salud de cada estado, como es el caso de España, lo cual no deja de ser un agravio comparativo entre trabajadores y algo que, por otra parte, supone un incremento de responsabilidades para los técnicos intervinientes en una obra de construcción más allá de su capacidad de actuación y de toma de decisiones ante un escenario como el de las obras de construcción y ante un grupo de trabajadores, totalmente desestructurado y falto de la más elemental jerarquía.

En fin se podría concluir con que llevamos más de 150 años dándole vueltas a la misma normativa la cual arrancó en los tiempos de la esclavitud sin que las sucesivas modificaciones de esta se transformen en resultados prácticos mas allá de la capacidad de poder sancionar y/o condenar quienes no siempre tienen posibilidad real alguna de revertir una situación de la que no suelen ser responsables, sobre todo cuando se trata de pequeñas obras ejecutadas por micro-empresas y/o trabajadores autónomos.

Y es que la ingente cantidad de normativa que existe no controla ni prevé – ni lo hará nunca - la toma de determinadas decisiones por parte de algunos trabajadores, solamente a ellos mismos atribuibles, quedando en todo momento sujeto a interpretaciones jurídicas si ha habido un comportamiento imprudente o no por parte de estos.

Me refiero a situaciones como la que se puede apreciar en la fotografía que acompaña a este artículo.