El pasado 17 de enero de 2022 venció el plazo de información pública de la revisión del PXOM de Vigo aprobada inicialmente el día 26 de agosto de 2021.

Mi labor como abogado dedicado al urbanismo me ha permitido hacer un estudio detallado del documento y vivo con esperanza en el futuro.

Olvidándonos de los grandes números del PXOM en cuanto al número de viviendas previstas, que obviamente me parece corto, el Concello tiene el reto, tras una ambiciosa información pública, en cuanto al plazo, de enriquecer el documento con el resultado de la participación ciudadana.

Los medios tecnológicos y la base existente de información sectorial, con el Plan Básico a la cabeza y el resto de documentos de Ordenación del Territorio, así como los innumerables datos que constan en las Alegaciones presentadas, ponen al alcance del equipo redactor más medios que nunca para completar un PXOM ajustado a la realidad.

Esperemos que la promesa del Concello de rectificar los errores derivados de la coordinación entre el IOP y el nuevo PXOM en cuanto a (1) la clasificación como suelo rústico del vigente suelo urbano consolidado (no volveré a repetirme en argumentos ya aludidos en artículos anteriores) y (2) las diferencias entre Ordenanzas, no quede en agua de borrajas. Del mismo modo, deberá hacer un esfuerzo para corregir suelos que en el también vigente PXOM de 1993 son urbanos y no se justifica su clasificación como rústicos.

Cierta falta de coherencia en la delimitación de las unidades de actuación en suelo urbano no consolidado y de los sectores de urbanizable, con especial incidencia en la confusa forma de obtención de los sistemas generales adscritos y dotaciones, unido a unas ordenanzas que en muchos casos no se adaptan a la realidad parcelaria y de volúmenes edificados, entre otras muchas cuestiones, hacen prever meses de trabajo intenso a contrarreloj para llegar a la aprobación provisional en el plazo marcado.

Aparte quedan las cuestiones de política territorial para nuevas infraestructuras viarias, corredores, etc, que deberán justificarse muy bien en cuanto a su necesidad y qué Administraciones han de intervenir en su titularidad y financiación.

Y con este escenario urbanístico hemos comenzado el 2021 con diferentes anuncios por parte de la Xunta de Galicia: en el ámbito local la prórroga del convenio del Consorcio del Casco Vello de Vigo y la inminente puesta en marcha de la segunda y sucesivas fases del denominado PAU de Navia con la creación de unas 1.600 viviendas de promoción pública nuevas; y con carácter general el destino de 157 millones de euros en 2022 a ayudas a la rehabilitación para promotores y nuevos adquirentes menores de 35 años, con especial importancia del bono de alquiler social.

Importante para el sector inmobiliario y de la promoción es, además de la reciente paralización de la nueva Ley de Vivienda estatal que afrontábamos con evidente temor, la tramitación de la nueva Ley de Áreas Empresariales de Galicia y las modificaciones introducidas por la Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas relativas en la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia (la consideración del proyecto básico para la obtención de licencia) y sobre todo en la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia que suponen:

• La creación de un fondo de cooperación con los ayuntamientos, cuya finalidad es que puedan financiar la adquisición y promoción de vivienda de nueva construcción destinada principalmente a alquiler social, cuyo es objetivo es que se puedan financiar nuevas promociones que permitan asentar población y satisfacer la demanda de vivienda por parte de la población, principalmente en régimen de alquiler a rentas accesibles.
• La incorporación de un nuevo procedimiento de adjudicación directa de las viviendas protegidas de promoción pública para atender necesidades urgentes de vivienda.

Y en este comienzo de año urbanístico y de novedades legislativas, el COVID se ha recrudecido gracias a la variante OMICRON, los tipos de interés parece que van a su sufrir un alza desproporcionada casi de forma inminente, y nos va a tocar luchar contra otro monstruo económico de extraordinaria importancia: la inflación. Ante este conjunto de adversidades no podemos olvidarnos que el sector de la promoción inmobiliaria resulta esencial para la sostenibilidad del país y en él redunda la situación del resto sectores también afectados por la crisis que estamos viviendo: transportes con la subida del petróleo y la energía, materias primas con precios desbordados en la construcción, ausencia de mano de obra cualificada etc.

Es imprescindible que todos los que integramos el “gremio” demos certidumbre en el panorama que surge con el devenir de los acontecimientos y, por supuesto, afrontemos con optimismo el impulso de aprobación del PXOM de Vigo y demás Concellos de la provincia que estén en redacción, la creación de nueva vivienda, la nuevas políticas de ayuda a la rehabilitación y sobre todo, la mejora constante en la calidad del producto inmobiliario.