El pasado día 11 de octubre se celebró en Madrid el Encuentro Inmobiliario organizado por Observatorio Inmobiliario y de la Construcción bajo el título Urbanismo y mercado del suelo en el nuevo ciclo inmobiliario.

Las intervenciones de los ponentes dejaron claro que uno de los retos más importantes que tiene planteado en la actualidad el urbanismo, es el desarrollo territorial y urbano sostenible, entendido como la forma de fomentar el progreso sin olvidar los requerimientos y la triple dimensión (económica, social y ambiental) de la sostenibilidad, y en particular, entendiendo el suelo, además de como un recurso económico, como uno de los más valiosos elementos naturales de los que disponemos, y en cuya regulación se hace preciso conjugar toda una serie de factores diversos: el medio ambiente, la calidad de vida, la eficiencia energética, la prestación de servicios, la cohesión social, etc.

“España asumió durante 2016 dos compromisos internacionales: el Pacto de Ámsterdam, de mayo de 2016, en el que los Ministros responsables de urbanismo de la UE aprobaron la Agenda Urbana de la UE y la Declaración de Quito, de octubre de 2016, en la que los 193 de las Naciones Unidas aprobaron, por unanimidad, la Agenda Urbana de Naciones Unidas”.

Cito de la Agenda Urbana Española, de acceso en la web, los siguientes párrafos:

La planificación u ordenación del suelo debe perseguir estructuras urbanas compactas y polifuncionales, que prioricen los procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos o la redensificación de los suelos urbanizables dispersos.

También se conseguirá actuar en la compacidad:

- Reduciendo distancias entre usos, espacios públicos, equipamientos y otras actividades, para desarrollar patrones de proximidad que permitan un mayor número de desplazamientos a pie.

- Convirtiendo el espacio público en un elemento estructural clave, que permita utilizarlo como verdadero espacio de convivencia ciudadana y garantizando su calidad, en mayor medida que la cantidad y

- Reconvirtiendo parte del espacio urbano destinado a la movilidad, a la multiplicación de usos y derechos ciudadanos. Es lo que permite convertir las calles en verdaderas plazas de disfrute común.

Con frecuencia se ponen de manifiesto las limitaciones de los instrumentos tradicionales de planeamiento y de gestión urbanística, carentes de la flexibilidad que requiere el dinamismo y la innovación imperantes en la sociedad, poco transparentes y entendibles, desde ese punto de vista, escasamente accesibles. Esta falta de adaptación a un contexto caracterizado por la innovación permanente, hace perder a las ciudades importantes espacios de oportunidad. Pero el problema de la planificación urbanística es más profundo y deriva de la normativa que rige sus contenidos, las distintas fases de tramitación y aprobación, la desconexión entre los intereses globales y los sectoriales y hasta la seguridad jurídica que debería acompañarlos en el tiempo para generar la certeza necesaria que acompañe a las más importantes decisiones, públicas y privadas. Solo contando con una normativa actualizada, estable, comprensible, flexible y, en la medida de lo posible, simplificada, será posible avanzar en un modelo sostenible de ordenación, transformación y uso del suelo. Y sólo contando con una planificación territorial y urbanística que englobe idénticas características, se podrá garantizar un modelo territorial y urbano capaz de responder a las necesidades sociales de cada momento, respetando el medio ambiente y contribuyendo al progreso social y económico.

Por último, y no menos importante, es preciso alcanzar una Buena Gobernanza, entendida como los procesos de toma de decisiones y de implementación que son transparentes, eficaces, que se alcanzan de forma democrática con la participación de todos los interesados, que consumen unos recursos equilibrados en función de los objetivos perseguidos y que cuentan con la información necesaria, puesta a disposición de quiénes la puedan solicitar. Ésta es la gobernanza que genera valor y cuyos principios básicos son la ética, el consenso, la equidad, la colaboración mutua, la eficacia y la eficiencia en la gestión.

Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un pacto global, unas bases comúnmente aceptadas en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de ordenación territorial y urbanismo que admitieran adaptaciones menores y parciales.

- Desarrollar de manera efectiva la planificación de ordenación territorial a escala regional y sub-regional que aún falta en España en muchas Comunidades Autónomas.

- Modificar el sistema tradicional de planeamiento urbanístico, dotando de mayor carácter estratégico a los Planes Generales y enviando la ordenación pormenorizada al planeamiento de desarrollo, más ágil y flexible en su modificación y revisión.

- Garantizar en el planeamiento un tratamiento adaptado a los objetivos de la Agenda Urbana Española.

- En la Administración local disponer de una ordenanza municipal que sea compatible con la normativa estatal y autonómica y que permita aplicar ambas sin lagunas, ni problemas interpretativos.

- Agilizar y unificar procedimientos de tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil la gestión urbanística (los planes y las licencias y autorizaciones deberían reducir sensiblemente sus plazos de tramitación y aprobación actuales).

- Garantizar una adecuada integración de los aspectos sectoriales en la planificación territorial y urbanística, incluso abordando los cambios legislativos necesarios. Para ello, se proponen como instrumentos adecuados las ventanillas únicas de tramitación de estos informes en cada nivel de Administración Pública y procedimientos y plazos breves de emisión, e iguales, para todos ellos.

- Crear instrumentos adecuados para la intervención en las áreas consolidadas, mediante operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

- Integrar la participación en el planeamiento de manera real y efectiva durante todo el proceso y más allá de los trámites obligatorios de información al público y alegaciones.

- Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal frente a los de carácter sectorial como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de los recursos.

- Buscar la mayor eficacia y eficiencia de las Administraciones Públicas evitando las duplicidades entre ellas y las disfunciones.

- Promover procesos de planificación compartidos e integrados.

- Fortalecer los mecanismos de colaboración público-privada.

Durante la Jornada del Encuentro Inmobiliario celebrado, se destacó también el concepto de sostenibilidad desde un punto de vista “procesal” del máximo interés.Todos reconocemos que la gestión y el planeamiento son cuestiones complejas, y que a pesar de una Ley estatal y las correspondientes normativas autonómicas, se tiene la sensación de que el marco normativo es insuficiente, no por escaso sino por ineficaz.

Son cuestiones que están en debate tanto el sentido del silencio en la tramitación del planeamiento, como la colaboración público-privada.

La “mortalidad” de los planes urbanísticos nos enfrenta a la disyuntiva de la deslegalización, es decir aligerar los requisitos formales para la aprobación de los planes, o su desnaturalización, es decir suprimir su carácter de norma sustantiva que provoca la declaración de nulidad radical de un instrumento de planeamiento al menor defecto formal que este presente. (Modelo Francés que inspiraba la norma que el anterior Gobierno tenía preparada a fin de evitar la sangría de nulidades en los TSJ y TS).

Para tratar sobre estos asuntos, APROIN está organizando sus tradicionales JORNADAS JURÍDICO-TÉCNICAS, a celebrar los días 13 y 14 de noviembre de este año, de las que tendrán cumplida información.