2020 se presenta como un año con más incógnitas que certidumbres para el sector inmobiliario. El nuevo gobierno ha anunciado un acuerdo en materia de vivienda que muestran que cuando se tiene un diagnóstico erróneo del mercado se proponen soluciones equivocadas.

Por un lado, se proponen medidas a nivel nacional como solución (errónea) a un problema que solo sufren las grandes capitales y se culpa al alquiler vacacional y a determinados actores de una situación que ha sido provocada por la falta de políticas urbanísticas municipales en los últimos 4 años, que no ha sido capaz de prever el crecimiento demográfico de estas ciudades y han disparado el precio del alquiler ante un aumento de la demanda y la falta de oferta.

Además, no hay un solo mercado en el que el control oficial de precios se haya mostrado útil para las personas que necesitan alquilar una vivienda. En los últimos años hemos comprobado cómo las medidas tomadas por ciudades como Berlín o París eran descartadas por haber provocado los efectos contrarios a los que se buscaban: en París desaparecieron de un plumazo 15.000 viviendas en alquiler, mientras que en Berlín, lejos de frenar los precios aún los encarecieron más. Los distintos gobiernos siguen buscando la fórmula sin obtener ningún resultado por el momento.

Por otra parte, esta regulación llega en un momento en que los precios ya estaban en una fase de normalización según todos los índices. De hecho, con la entrada en vigor del decreto sobre alquileres a mediados de 2019 la tendencia a la normalización de precios se invirtió: comenzaron a subir donde bajaban y a acelerar la subida donde se frenaba. Un aviso que debería haber hecho reflexionar al gobierno sobre las consecuencias de intervenir en un mercado que se estaba regulando solo.

De hecho, para lograr que el mercado del alquiler en España goce de buena salud es necesario que se reduzcan las incertidumbres legales para los propietarios, la tolerancia cero frente a la okupación y la estabilidad normativa tras años de cambios en la legislación de arrendamientos e hipotecas. Pero el gobierno propone lo contrario.

Con las propuestas del nuevo gobierno se mantendrá e incluso aumentará la incertidumbre, en lugar de corregir el problema lo harán más grande. Las comunidades y ciudades donde se apliquen estas medidas acabarán teniendo menos oferta de alquiler, menos transacciones y precios más alto con afloramiento de mercado negro. Cuando se creía que en España el desastre que supuso la Renta Antigua estaba aprendido y superado... vuelve de nuevo.