Lo primero que quiero hacer en esta vuelta a la Revista APROIN es manifestar mi agradecimiento a la Junta de Directiva por mi nombramiento como nuevo Secretario Técnico de la Asociación. Un honor y un reto. Igualmente quiero dedicar unas breves palabras al anterior Secretario, Carlos Coladas-Guzmán que durante 25 años ha desempeñado la labor de impulso y asesoramiento a la Asociación con brillantez siendo un ejemplo para los restantes compañeros.

Hace años que el sector inmobiliario viene “sufriendo” las alteraciones y reveses de la coyuntura económica –antes por mor de la crisis financiera y ahora la pandemia– un descrédito periodístico que en lo global y general es sin duda inmerecido (vinculaciones políticas, corrupción, blanqueo, etc), y con todo ello una pérdida de importancia en la foto “fija” del empresariado que no se corresponde ni con su realidad ni con su peso en la sociedad.

La creación del proyecto o la empresa inmobiliaria no resulta una tarea sencilla: requiere de un ánimo inversor poco reconocido; obliga a la asunción de una recuperación del riesgo muy diferida en el tiempo, sin perjuicio de la necesaria financiación hipotecaria; requiere de la adquisición de muchos conocimientos transversales y multidisciplinares; y finalmente, por su importancia en la convivencia social, está sujeta a una responsabilidad legal y postventa imprescindible.

Sin duda debe concebirse a la Asociación de Promotores como un instrumento de cualificación, como una herramienta de representación que acreditando la calidad y buen hacer del sector proporcione no solo protección y defensa sino también una interlocución e intervención con la Administración en su mejora y mayor eficacia mediante la propuesta, el estudio y el conocimiento.

Me consta el extraordinario esfuerzo que durante los últimos años han hecho las empresas promotoras de la provincia: refinanciaciones, adaptaciones e implantaciones a nuevas tecnologías, reconversiones en función de cambios legislativos, contemporizaciones y malabarismos en espera de licencias, planes urbanísticos y demás permisos. Me sorprende cuando leo continuamente en los medios de comunicación noticias sobre el esfuerzo e innovación en otros sectores económicos, sobre todo el de las nuevas tecnologías, y en cambio casi nunca cae en mis manos una noticia sobre la importancia o el buen hacer; la mejora o la modernización; el esfuerzo y relevancia de la actividad inmobiliaria.

No tengo la sensación de que el golpe brutal que para la economía ha supuesto los últimos 15 años con dos crisis prácticamente continuadas haya realmente generado en las autoridades una concienciación real sobre la necesidad de una vez por todas de cualificar y transmitir la seriedad de todo lo relacionado con el mundo inmobiliario. Desde el 14 de marzo, fecha de entrada en vigor del primer estado de alarma como consecuencia del COVID 19, inevitablemente he tenido la oportunidad y la responsabilidad profesional de conocer y estudiar una amalgama de normas (en muchos casos confusas) presuntamente destinada al impulso de la economía, pero resulta curioso que ninguna de ellas tiene como objeto específico la regulación global tanto a nivel estatal como autonómico de nuevas medidas de reactivación, simplificación e impulso del sector inmobiliario.

Atrás ya quedan las leyes de emprendimiento y competitividad, las mínimas reformas del sector hipotecario (en algunos casos poco visibles), la nueva legislación del suelo gallega, etc.

Se demanda del sector inmobiliario: responsabilidad, generación de empleo, construcción de un producto inmobiliario de calidad, socialmente adecuado para dar respuestas a la necesidades de la población. Sin duda no hay correlativo aparente de esa demanda en el esfuerzo de las Administraciones.

Seguimos con retrasos en la resolución de procedimientos, tanto en la elaboración del planeamiento como en la obtención de licencias. No existe una armonización de criterios clara y evidente, más allá de los esfuerzos de algunos colegios profesionales, sobre la aplicación de normas del hábitat, que permita la elaboración de proyectos constructivos mínimamente sencillos y de fácil informe. La disparidad de normativa hace a veces ingestionable la resolución de conflictos que la realidad inmobiliaria ofrece sin que exista un criterio público claro.

Por supuesto que ha habido esfuerzos, el plan básico municipal, la Ley de Medidas Fiscales 2/2017 que habilitó que en Vigo pudiera ser posible la aprobación de un instrumento provisional que salvara la nulidad del PXOM de 2008 (cuya vigencia hoy nos resulta incierta a la vista de la redacción del nuevo PXOM). Pero no son suficientes. Es nuestra responsabilidad ayudar a las Administraciones implicadas a generar más y mejor. En el ámbito estatal a propiciar un reconocimiento unitario al sector mediante una legislación económica específica, nuevos planes de vivienda (no solo ampliaciones del existente) o mejoras de carácter fiscal o de regulación financiera (simplificación, rapidez y seguridad jurídica); en el ámbito autonómico haciendo reales las novedades que se introdujeron en la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia y en su Reglamento que en teoría habrían de agilizar la tramitación y aprobación del planeamiento; en el ámbito local manteniendo una interlocución constante con los ayuntamientos que permita la aportación de soluciones jurídicas y técnicas que desencallen la paralización de proyectos y obras.

En este 2020, sin perjuicio de la dichosa pandemia, ha habido detalles de importancia, pero son solo detalles; parece que a la vista de Informes del Colegio de Registradores ya es claro el criterio de la aplicación del silencio administrativo positivo en la concesión de las licencias de primera ocupación para la inscripción de las terminaciones de obra en el Registro de la Propiedad; hemos notado una mejora en la tramitación de los informes y autorizaciones de Patrimonio, entre otros detalles. Solo pequeños avances.

En estos días se ha publicado en los medios de comunicación que la Xunta de Galicia está estudiando la aprobación por la vía de urgencia de una Ley de Reactivación Económica, cuyo objeto es agilizar y reducir los plazos de tramitación de cualquier proyecto empresarial. En dicho proyecto de Ley parece que se prevé la posibilidad de encomendar a determinadas gestorías la tramitación previa de las licencias de obras en los Ayuntamientos de tal modo que estos sólo queden para suscribir la autorización final. Dicho de otro modo, se trata de sustituir los dos informes municipales, técnico y jurídico por la certificación de las mencionadas gestorías. Dicha certificación deberá ser ratificada por el Ayuntamiento de turno en el plazo de 1 mes o 15 días, en función del tipo de obra, y proceder a la mencionada autorización final de obras. Se trata de un paso más allá de las llamadas entidades de certificación ya homologadas por la Xunta. Habrá que estudiar desde el punto de vista jurídico el alcance real de la medida y si la misma, realmente, supondrá una mejora en la reducción de plazos o por el contrario un empeoramiento de la seguridad jurídica sin reflejo en la simplificación y rapidez administrativa. No puedo evitar ser escéptico y temeroso.

Como he señalado son solo pasos pero seguimos sin resolver la mayor: es imprescindible unificar y simplificar la legislación y que la calidad, responsabilidad y buen hacer del empresariado del sector inmobiliario tenga un fiel reflejo en la actividad e impulso de las Administraciones implicadas. Un nuevo PXOM en Vigo, mejoras en la legislación del suelo y de viviendas, nuevas ordenanzas municipales, reactivación global del sector. Ese es el reto de la Asociación y de todos los implicados para el 2021 y los años venideros.