El incremento del precio de la vivienda en alquiler, la escasez de viviendas de obra nueva y sobre todo la ausencia de viviendas protegidas, constituyen un gran problema en la ciudad de Vigo y su entorno.

Las causas económicas, la incertidumbre política, y otros factores externos, sin duda influyen en la ecuación, pero son ajenos a nuestra capacidad local de intervención.

Sin embargo, hay otros elementos que sí podemos conjugar y que son decisivos para la normalización del mercado de vivienda, el retorno de plusvalías a la sociedad y por ende, el fortalecimiento del sector de la promoción inmobiliaria que aglutinan a las empresas promotoras, constructoras, estudios de arquitectura, gabinetes técnicos en geotecnia, seguridad y salud, dirección de obra, cementeras, oficios ligados a la construcción, aseguramiento de garantías, vendedores de viviendas, decoradores o interioristas, venta de mobiliario y de electrodomésticos, suministradores de materiales, Notarios, Registradores, Abogados, entidades financieras o crediticias y la más importante de todas las Haciendas Públicas: Local, con las tasas de licencia de obras y de primera ocupación, el Impuesto de construcciones obras e instalaciones, la tasa por ocupación de vía con andamios o grúas, las contribuciones de bienes inmuebles que se generan, las plusvalías municipales con las diferentes transmisiones, tasas de acometidas de agua y alcantarillado, tasas de entrada de garaje, y seguro que se me olvida alguna...; la administración autonómica, con los impuestos de transmisiones y de actos jurídicos documentados que se generan con las escrituras de obra nueva, de división horizontal, etc; y la administración estatal, con el IVA de las ventas y de las certificaciones de obra.

Por supuesto, todo esto precisa mano de obra, es decir empleo; con sus correspondientes seguros sociales, cotizaciones, y la economía circular que ello implica, si hay empleo hay gasto, si hay gasto se generan beneficios, se incrementa el comercio local, se ingresan IVA y otros gravámenes que son los que nutren los presupuestos de gastos en inversión de una ciudad y de un país.

Si todo es tan evidente, ¿porqué no se apoya desde la administración local al sector de la construcción de viviendas?

En primer lugar, según mi modesta opinión, porque la vivienda, el suelo y la política han estado tan íntimamente relacionadas, que al político profesional, ( es decir el que no está circunstancialmente para ofrecer a la sociedad su conocimiento, sino que decididamente viene para quedarse y que la política sea su medio de vida), le da miedo vincular su gestión a este sector. Para esto hay una vacuna, se empieza por no utilizar con demagogia el urbanismo, por entenderlo como una industria, estableciendo normas claras, duraderas en el tiempo, al margen de ideologías, la vivienda, la ciudad es un término científico, objetivable.

La situación actual en nuestra ciudad dista de este modelo. Con normas urbanísticas que siendo contradictorias tienen que coexistir, bajo la amenaza de una provisionalidad con fecha de caducidad y la total ausencia de noticias sobre el nuevo pxom; los agentes de la edificación han puesto de manifiesto la necesidad de liberalizar suelo, ( entendido como poner suelo edificable a disposición del mercado), por parte de todas las administraciones de cara a convertirlo en suelo finalista para poder iniciar promociones que generen un gran número de viviendas nuevas, aumentando la oferta para el comprador y redundando así en precios más moderados para la adquisición de primera vivienda.

Las normas actuales ni son claras, ni tienen visos de ser estables; como es evidente esto genera incertidumbre e inseguridad jurídica, téngase en cuenta que un proyecto inmobiliario no es flexible, el proyecto y su licencia son estáticos y tardan en hacerse realidad una media de 36 meses, por lo que la estabilidad es un factor clave.

Que duda cabe que esto afecta tanto a la oferta como al precio del producto.

Por su parte, la industria de la promoción de viviendas, para merecer esa denominación sigue teniendo una asignatura pendiente.

A pesar de que durante años se vienen anunciando como inminentes, resulta necesario crear una nueva industria en torno a la construcción de forma que gracias a las nuevas tecnologías y desarrollos técnicos se fomente la construcción industrializada de casas para uso residencial, paliando también la falta de mano de obra actual de este sector.

Esta industrialización permitirá una reducción de los tiempos de construcción y tiene que verse apoyada, y esto es importante, por un menor tiempo en la concesión de licencias de construcción y de primera ocupación, lo que redundará en un mejor precio de la vivienda para el cliente final.

Por último, la legislación ha permitido que en España se pueda generar un gran volumen de suelo público que puede y debe ser empleado en la construcción de un parque de vivienda con renta baja que fomente la vivienda social y de alquiler, falta voluntad política para poner el suelo público en el mercado mediante fórmulas de participación público-privada, o nuevamente, el miedo a que esa colaboración sea mal interpretada.