En la medicina, como en casi cualquier disciplina dedicada a resolver problemas, hay dos grandes vertientes: la paliativa y la preventiva.

La medicina occidental, la de hospital y centro de salud es en general, paliativa. ¿Le duele aquí? Tómese esto. ¿No puede dormir? Tómese aquello. ¿Colesterol alto? Esta pastilla todos los días.

A favor de la medicina paliativa: el profesional que la ejerce es un reconocido solucionador de problemas; lo identifica y resuelve y se lleva el mérito. En su contra: deja que aparezcan problemas.

La medicina preventiva peca de discreción, de poco glamour. La prevención establece patrones, comportamientos con los que evitar que la salud se deteriore, trabajando desde el largo plazo. El pobre médico preventivista no cosecha méritos porque no soluciona problemas tangibles. Sin embargo, seguro que con sus directrices consigue prevenir ese dolor, ese mal sueño, ese colesterol alto. En resumen, construye una vida sin visitas reseñables al médico.

La nueva Ley de Vivienda cae en el cajón de los paliativos. Reconoce un problema, el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, y receta soluciones sin atender a la causa del problema.

¿Las soluciones?

Para quien produce vivienda, un bocado a su pastel, para dárselo al consumidor. Una proporción obligatoria de vivienda protegida en cada parcela.

Para quien comparte piso en una gran ciudad porque no se puede permitir independizarse, una ayuda en efectivo.

¿Soluciona la escasez de suelo urbano para vivienda? ¿Soluciona el estancamiento del poder adquisitivo de los jóvenes (y no tan jóvenes ya)? ¿Impulsa una bajada del precio de la vivienda en alquiler?

En mi opinión, y esto es una opinión, las medidas propuestas perpetúan los problemas que intentan solucionar.

Como en el ejemplo de la medicina paliativa, una vez los problemas están ahí, proponen soluciones para las consecuencias. Y ninguna de las soluciones aborda el origen de los problemas que ataca.

El afán paliativo lleva a una ceguera ante soluciones que ya existen. Soluciones que existen pero no interesa abordar, porque no caben en un periodo electoral.

Las dinámicas del planeamiento urbanístico y el desarrollo de vivienda suponen horizontes de lustros o décadas. Una promoción de vivienda nueva supone un mínimo de tres años desde que se estudia la oportunidad. El desarrollo de un nuevo barrio requiere seguro de más de una década.

Y a estas cifras debemos sumar la velocidad mejorable de las iniciativas públicas en España.

Ninguna de estas opciones tendría efectos visibles antes de las próximas elecciones.

Si dejamos de lado un momento el corsé del cuatrienio electoral, existen soluciones, mirando un poco más allá, para el mercado de la vivienda.

La primera, raíz del estado actual de la vivienda en España, es el desarrollo de suelo. Las administraciones imponen tal cantidad y diversidad de requisitos, a tal cantidad de niveles administrativos, que no existe empresa a quien le interese jugársela.

Un marco normativo homogéneo y claro, en que se puedan fijar horizontes temporales, ayudará a retomar la producción o reconversión de suelo, aumentando la oferta de vivienda.

Valencia es el gran ejemplo en España de cómo un buen Plan General ha dado un suministro constante y suficiente de suelo urbano a una ciudad de cierta envergadura. Durante treinta años promotores y compradores han disfrutado de un mercado cómodo y sin tensiones.

¿Por qué no trabajar a nivel estatal para reproducir el buen ejemplo de Valencia?

Otra opción, existente pero insuficiente en España, es la creación de parques de vivienda pública en alquiler. Hacer crecer la oferta de vivienda pública hasta convertirse en un competidor relevante en el mercado.

Si una administración controla el precio de gran cantidad de viviendas en una ciudad, los competidores privados tendrán que seguir su estela y ajustar los precios del resto de la oferta.

¿Utopía? En Viena se estima que el 45% de las viviendas en alquiler están en manos de la administración o de empresas con beneficio limitado (por la limitación en el precio de sus alquileres). La ciudad lleva cerca de un siglo construyendo un parque de viviendas público para facilitar el acceso todo lo posible. Con sus más y sus menos, se han convertido en un competidor del tamaño necesario para impactar las tendencias del mercado.

Y un ejemplo más, directo de la patria del liberalismo económico. En Estados Unidos existe un programa de alquiler llamado Section 8. Propietarios (particulares y profesionales) ponen sus viviendas a disposición de la administración. La administración en cuestión gestiona listas de demandantes de empleo y asigna estas viviendas a cambio de un alquiler reducido. Para el propietario el gestor garantiza dos cosas: la buena conservación de su propiedad y el pago puntual del alquiler (en una cantidad superior a la cobrada al inquilino).

En esta modalidad ganan los tres implicados: el inquilino accede a una vivienda asequible, el propietario se asegura sus ingresos y el buen estado de la vivienda, y la administración cuenta con un parque de viviendas en gestión sin construir ni un solo edificio.

Con una iniciativa a nivel estado esta estrategia podría replicarse en menos de cuatro años, haciendo un pequeño esfuerzo.

Al igual que en sucede en educación, la intervención del estado en el acceso a la vivienda requiere de un pacto entre opuestos para aportar más allá de cada legislatura. Mientras tanto, mientras no se abordan los problemas desde su origen, seguirán las tensiones y la incertidumbre actuales (con algunos parches).