De los muchos frentes abiertos durante el pasado ejercicio, ha destacado la litigiosidad del IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, (plusvalía municipal). Desde la asesoría jurídica de APROIN, hemos informado de las distintas posturas doctrinales y del modo de ejercer el derecho al reembolso, y son ya varios los asociados que han logrado su reintegro con intereses.

A tal fin conviene recordar cuales son los criterios interpretativos que fija el Tribunal Supremo, sobre todo en el Fundamento Jurídico séptimo de la sentencia STS 1163/2018  sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del TRLHL, a la luz de la STC 59/2017.

La STS 1163/2018 fija la siguiente interpretación de los preceptos legales concernidos en ese litigio:

1. Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL  adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial.En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.
2. El artículo 110.4 del TRLHL , sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total), porque, como señala la STC 59/2017 , «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de otro modo, porque «imp[ide] a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017 , FJ 7, y 37/2017 ,FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017 , la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL .

Carga de la prueba. Al obligado tributario le corresponde probar la inexistencia de incremento de valor del terreno transmitido

Corresponde al sujeto pasivo del IIVTNU probar la inexistencia de una plusvalía real conforme a las normas generales sobre la carga de las pruebas previstas en la Ley 58/2003, General Tributaria.  

Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo:  

1. ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se reflejan en las correspondientes escrituras públicas. 
2. Optar por una prueba pericial que confirme tales indicios;
3. emplear cualquier otro medio probatorio.

 Aportada por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL  que el fallo de la STC 59/2017  ha dejado en vigor en caso de plusvalía.   

Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial.

En la vía contencioso–administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 LJCA  y, en último término, y tal y como dispone el artículo 60.4 LJCA, de conformidad con las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.